La Ley para la Igualdad ha contribuido a elevar el nivel de exigencia de la ciudadanía en estos años, según la evaluación realizada

5 de julio de 2017

  • Existe una amplia valoración positiva de la Ley como instrumento sensibilizador y como instrumento jurídico útil y eficaz que ha permitido consolidar avances 
  • Entre los logros, su contribución a la arquitectura de la igualdad en el ámbito público; entre los retos, sus limitaciones para para incidir sobre el sector privado 

El lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido esta mañana el acto de presentación de los resultados de la Evaluación de la Ley para la Igualdad, en el marco de la jornada “Logros y retos de las políticas de igualdad”, organizada por Emakunde y en la que también ha participado su directora, Izaskun Landaida. De los resultados de la evaluación se concluye que la Ley para la Igualdad ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz que ha permitido consolidar muchos de los avances registrados en los primeros años de existencia la Ley. Asimismo, constata que continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad, sobre todo, por lo que respecta a la dotación de recursos económicos y personales y al despliegue de la estrategia de transversalidad desde cada ámbito de competencia sectorial. Asimismo, de la evaluación se desprende que la Ley ha impulsado la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad y que ello ha traído consigo que exista un nivel de exigencia también elevado con respecto a las políticas de las instituciones en la materia.

Durante la presentación de esta evaluación el Lehendakari ha recordado que Euskadi está en el quinto puesto en el Índice de Igualdad de Género Europeo, solo por detrás de países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. Sin embargo, pese a los avances y pese a que las políticas vascas en esta materia son un "referente" para otras instituciones, ha reconocido que, al igual que los citados países europeos, Euskadi está “a medio camino” aún de cara a alcanzar una igualdad real y efectiva. El próximo objetivo, según ha dicho, es pasar del quinto al cuarto puesto en este índice, tal y como está recogido en el Programa de Gobierno.

Así, según concluye la evaluación, la ley ha contribuido a consolidar una importante estructura organizativa, una arquitectura para la igualdad, que ha permitido que incluso en épocas de crisis el personal y el presupuesto dedicado a laigualdad se haya mantenido sin grandes retrocesos. Una estructura que ha incidido especialmente en el ámbito público, en el que el despliegue y la coordinación entre instituciones a nivel autonómico, foral y local, ha convertido a la CAV en referente.

La obligatoriedad de la ley ha sido otra de las características destacadas en la evaluación, que ha supuesto un impulso indispensable para exigir la aplicación de medidas de igualdad en las administraciones públicas. La integración de la perspectiva de género en los procesos de contratación pública, o el procedimiento consolidado para evaluar el impacto en función del género de las normas del Gobierno Vasco, son ejemplos de ello, ejemplos exportables a nivel internacional.

La evaluación muestra, asimismo, que el marco normativo, también tiene sus debilidades. El ámbito privado es una de ellas, con limitaciones en el ámbito competencial y sancionador para incidir sobre este sector.

Otro de los retos es el de avanzar a la velocidad necesaria en la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo y la igualdad de trato. Hay creencias muy arraigadas en nuestra sociedad que una ley por sí sola no puede transformar. El cambio de valores y la transformación social es un trabajo que va más allá de la transcendencia de la Ley, pero la Ley puede ser una herramienta  que continúe legitimando el cambio.  

La evaluación de la Ley se ha realizado con cuatro dimensiones complementarias: Dos evaluaciones genéricas (cuantitativa y cualitativa) y dos evaluaciones específicas.

El proceso, tan importante como los resultados

La evaluación ha sido realizada de acuerdo con principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi  que promueve una cultura participativa basada en la colaboración entre administraciones y ciudadanía. Se han complementado las valoraciones de las administraciones públicas responsables del desarrollo e implementación de la ley, con la de las personas, colectivos y entidades públicas y privadas afectadas por su aplicación, diversificando y enriqueciendo de este modo las opiniones y aportaciones de mejora relativas al desarrollo y aplicación de la ley. Con este objetivo, se ha establecido también una línea de trabajo específica con las asociaciones de mujeres y feministas de la CAE, como agentes clave en este ámbito, cuya visión estratégica resulta imprescindible en la evaluación de esta Ley. De este modo, el proceso de evaluación cualitativo ha recopilado la opinión de un total de 96 personas y 57 organizaciones, lo que suponen más de 150 puntos de vista diferentes. Teniendo en cuenta las cuatro evaluaciones, han sido 400 las personas consultadas.

En el desarrollo de este proceso se ha contado con el acompañamiento de la DACIMA (Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco), Innobasque, la Comisión Consultiva, y con canales de comunicación ciudadana abiertos en Irekia y con los resultados del Sociómetro Vasco realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno. 

 
Euskadi, bien común